Revisaba la prensa y de repente me salta a la vista un sugerente título  “Cubana gana batalla legal por el marquesado de Campo Florido”. Volví sobre el texto y la cabeza me daba vueltas y vueltas, no por la mención a un marquesado, al fin y al cabo aquí en España es cotidiano que la prensa se refiera  a la nobleza y a su repercusión en la vida política y cultural del país, lo que despertó mi curiosidad fueron las palabras “marquesado a una cubana” y “Campo Florido”.

Cuando confirmé que se trataba del lugar en La Habana del que guardo un recuerdo muy especial, se me hinchó el corazón y me sumergí  en mis recuerdos. En los próximos días publicaré en este blog  un micro relato de mi vivencia en ese maravillo y espléndido lugar.

Ahora,  una pequeña reflexión sobre el hecho del otorgamiento del título de marquesa a la Ilustrísima María Elena de Cárdenas y González, residente en Miami, empezando, desde luego, con el adecuado tratamiento protocolario.

La noticia dice que por sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid del 1 de febrero de 2017, se declara el mejor derecho de doña María Elena de Cárdenas y González, frente a doña Alicia Alcocer Koplowitz, al título nobiliario de Marqués de Campo Florido.

No puedo disimular una media sonrisa de incredulidad y hasta de ignorancia.  Cómo es posible que a estas alturas se diriman en los tribunales españoles a quién pertenecen los títulos nobiliarios que en tiempo de la colonia otorgaban los reyes españoles a sus servidores leales en aquellas tierras que conquistaron a sangre y fuego.

Han pagado y pleiteado para ostentar y  presumir por el linaje y grandeza familiar. Aceptemos que puede ser lícito, pero al menos pidamos que  debajo del pergamino nobiliario pongan una nota que diga: Perdón por los daños y sufrimientos causados a esclavos y nativos en los cañaverales de los ingenios San José de Miraflores (La Chumba) y San Francisco, de Tivo Tivo.

La legislación española, que ha expresado su vocación de justicia universal, debería considerar, en estos casos, un capítulo en el que precisaran la indemnización por el daño moral y humano que aquellos distinguidos nobles hubiesen ocasionado a la población aborigen y sobre todo a los esclavos, que traídos de África, fueron explotados y humillados en aquellas lejanas tierras. Así los herederos reclamantes se llevarían el paquete completo.

Es una idea consecuente con  el movimiento de la sociedad civil caribeña, de intelectuales y profesionales, que ha reclamado reparaciones por el genocidio de sus nativos y por la esclavitud. También expuesta en julio de 2013, en la Cumbre de los líderes de la Comunidad del Caribe (CARICOM) en la que acordaron establecer comisiones de reparación en cada uno de los países miembros del bloque.